Existen muchos modelos organizativos para desempeñar funciones y servicios en las empresas o entidades. Cada uno de estos modelos está llamado a cumplir determinadas funciones en un entorno profesional. La elección de un modelo u otro no es algo arbitrario, sino que obedece, fundamentalmente, al objetivo social de cada empresa u organización.
Siendo simplistas podemos dividir a las empresas en públicas o privadas, en función de la procedencia del capital social. Evidentemente, quedarnos con esta división es de una gran ligereza, ya que existen múltiples combinaciones, todas ellas llamadas a cubrir un determinado objetivo empresarial.
Un modelo organizativo que, por definición, ha de ser diferente por su foco social, es la administración pública, que es la encargada de gestionar todo lo relativo a las relaciones de los ciudadanos con el gobierno local, comunitario o central. A la administración pública en general, ya sea central, comunitaria, municipal o local, siempre le precede la fama de lentitud en la gestión y escasez de reflejos ante cualquier necesidad de adaptación a las necesidades de gestión. Es en este tipo de organizaciones donde toma verdadero valor la palabra “burocracia” y donde adquiere dimensiones inmanejables. Esto es debido a que se han de contemplar muchas casuísticas organizativas y asegurarse que la gestión es impecable.
Es por ello, que desde la misma administración, surge la necesidad de crear otro modelo de empresas públicas mixtas que, normalmente, bajo la figura de Sociedad Anónima, les permita flexibilizar su gestión y acercarse a la cotidiana realidad. Estas sociedades públicas, al amparo de sus estatutos y de la la legalidad que les confiere, pueden acortar ciclos de gestión y emprender con mayor eficacia ciertos trámites, acercándose a las necesidades que la sociedad requiere.
Hasta aquí todo perfecto. Pero al margen del el coste añadido que esto supone para todos los bolsillos, ¿qué pasa cuando estas empresas públicas deciden ir más allá de su objeto social y de negocio, traspasando las fronteras de su principal finalidad, para lanzarse al mercado competitivo? Pues lo que pasa es que, gracias a su posición ventajosa, impiden al sector privado acceder a oportunidades de negocio. En esos momentos se establece una competencia a todas luces desleal, pues todos los participantes en el juego no tienen las mismas oportunidades.
Establecer una compañía no es algo trivial, como tampoco lo es tener una oferta atractiva y diferenciadora en el mercado. Tendrán que pasar años para que una empresa sea competitiva tanto en estructura como en servicios. Habrá que invertir mucho esfuerzo y dinero en poder dotar al mercado de una solución u oferta. Todo ese esfuerzo se convierte a la larga en riqueza para la región de ubicación de la empresa. Esta riqueza la podremos medir desde el punto de vista del corto plazo, ya que posibilita la mano de obra y el empleo, y a medio/largo plazo, con la propiedad intelectual de patentes, productos, servicios, etc. En definitiva, el motor de una región y su capacidad competitiva vendrá dado por la capacidad de su tejido empresarial y su consiguiente aportación social.
Es cuando el sector privado no tiene oportunidades de negocios, cuando deja de invertir en ese sector, localidad o región y a la larga se frena la posibilidad de crecimiento del sector, localidad o región. Desgraciadamente, en cualquier situación cotidiana hay que manejar gran cantidad de parámetros y a veces no es fácil, ni siquiera, descubrirlos.
Hasta aquí parece que limito la diversidad empresarial a: Administración, empresa pública o empresa privada. Busco esta simplicidad para hacer ver de quién es la responsabilidad de generación de riquezas y qué papel debe desempeñar cada sector.
El modelo desarrollado por ciertas comunidades autónomas, es el de la proliferación de inmensidad de empresas públicas, agencias, etc., que, con el supuesto objetivo de agilizar los sistemas de gestión de las distintas consejerías, abordan el mercado de la empresa privada. El sector de las Tecnologías de Información es un buen ejemplo de lo que estoy manifestando, al igual que el sector de la logística, servicios, etc.
El objetivo básico de la Administración Pública y de sus dirigentes debe ser el de crear oportunidades para que esa localidad, región o país consiga establecerse y crecer en la medida de sus posibilidades, poniendo a su alcance todo lo humanamente posible para que el tejido empresarial sea el adecuado. El objetivo de cada empresa debe ser el de hacer realidad mediante negocios el crecimiento deseado, la creación de empleo y, en definitiva, crear la riqueza deseada.
Este modelo mixto que ha elegido una comunidad autónoma le confiere una enorme responsabilidad, ya que ella es la locomotora que ha de tirar de todas las iniciativas del mercado y, así mismo, hacerlas realidad en base a su entramado de empresas públicas. Mientras tanto, a la empresa privada sólo le quedará conformarse con la migajas de los proyectos / concursos que no tienen un gran valor ni económico ni de mercado y mirar hacia otras comunidades, regiones o países para establecerse.
En muchos foros empresariales he oído el comentario de que a Andalucía le faltan empresas “cerebro” que piensen y lideren soluciones y ofertas, ya que aquí solamente poseemos ciertas empresas “músculo” que ejecutan lo que otras empresas han pensado. Estarán conmigo que es tremendamente difícil crear cerebro sin las oportunidades de negocio adecuadas.
Desde un punto de vista empresarial, sería deseable que hiciéramos caso los estatutos, objetivos y principios de cada entidad y que cada una de las partes realice el trabajo encomendado.
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